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El sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina (33), considerado pieza clave en la violenta muerte de Silvia Myriam Fefer Salleres, ocurrida en el 2006, llegó ayer a Lima extraditado desde Argentina y, en cuestión de horas, fue recluido en el penal Miguel Castro Castro, de Canto Grande.
Agentes de Interpol lo trajeron en un vuelo de TACA que llegó a las 9:30 a.m. Luego, en un gran desplazamiento policial, fue llevado ante el despacho del magistrado Dewar Guevara Torres, del Juzgado Penal 50 de Lima, donde le tomaron sus datos.
Antes de ser recluido en el penal de Canto Grande, pasó por la carceleta del Palacio de Justicia, de donde la policía lo sacó por una manga —parecida a las usadas en los estadios de fútbol— para evitar que fuera fotografiado, lo que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no logró.
La extradición de Trujillo se cumple luego de que en julio del 2009 se estableciera —por una prueba de ADN de la sangre encontrada en un bolso de Myriam Fefer— que él había participado en el asesinato.
Esta y otras importantes pruebas que la División de Homicidios de la PNP acumuló fueron determinantes para que el Juzgado Penal 50 lo acusara y solicitara su extradición. Antes, en enero del 2009, el diario “El Tribuno” de Salta, Argentina, reveló un informe de la policía argentina en el que Trujillo confesó haber cometido un sonado crimen en el Perú, aludiendo al de Myriam Fefer.
NO ACUSARÍA A EVA
Para los detectives de la Dirincri que lo investigaron, es probable que Trujillo quiera desviar las investigaciones para no acusar a Eva Bracamonte Fefer, hija de Myriam Fefer, quien con su ex pareja Liliana Castro Mannarelli son acusadas de ser coautoras intelectuales del homicidio.
Se maneja la hipótesis de que Trujillo habría sido contactado en Argentina por allegados a Eva Bracamonte para mantener silencio, con la promesa de recibir ayuda económica, apoyo legal, así como seguridad y alimentación en el penal.
A fin de evitar cualquier atentado contra la vida de Trujillo Ospina, el INPE le ha asignado una celda en el pabellón de prevención, junto a la alcaidía, lejos de la población penal.
Myriam Fefer fue estrangulada el 15 de agosto del 2006, en su residencia de San Isidro. Todas las pruebas y evidencias iniciales recaían en su hija, Eva Bracamonte, con quien la víctima había mantenido discrepancias por la relación que la joven cultivaba con Liliana Castro Mannarelli, y también porque el día del crimen Myriam Fefer tenía previsto ir a una notaría para transferirse los bienes que el abuelo había dejado a Eva.
El abogado Sandro Balvín Sáenz dijo que si Trujillo Ospina era declarado culpable, podría recibir 20 años de prisión. La otra opción, según Balvín, es que si se somete a colaboración eficaz, con hechos verosímiles y elementos de prueba, podría amenguar su condena.
CLAVES
Tras el crimen, el sicario Trujillo tomó el celular de Myriam Fefer para hacer una llamada a Eva Bracamonte, quien estaba en el segundo piso de la casa, según un reporte telefónico.
Al día siguiente del homicidio, Eva Bracamonte llevó a su casa a su entonces pareja Liliana Castro Mannarelli.
En un examen médico legista a Liliana Castro, tras el crimen, se comprobó que tenía heridas en el cuerpo, producto de una pelea. Por eso nunca se presentó a la Dirincri.
Julio Moscol Córdova, pareja de Ariel Bracamonte, tampoco fue incluido en el atestado policial. Eva se lo presentó.
El abogado Sandro Balvín Sáenz dijo que por la forma y circunstancias del crimen de Stephany Flores, Joran van der Sloot será condenado a 30 años de prisión. La figura es homicidio calificado, aseveró. Agregó que el holandés no tenía otra opción porque todos los indicios lo acusaban.
Dijo que es un asesino en serie y peligroso para la sociedad y el mundo, pues estuvo implicado en la desaparición de Natalee Holloway. Uno de los agravantes es que Van der Sloot se llevó la camioneta de su víctima y la dejó abandonada en Surco para hacer creer que se trataba de un secuestro, y así despistar a la policía y fugar.| Funcionarios de Reniec son pasibles de investigaciones |
| El ex presidente de la Corte Superior de Lima y actual presidente de la Primera Sala Civil de dicho distrito judicial, Ángel Romero Díaz, aseguró ayer que el Poder Judicial cumple rigurosamente con enviar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), toda la información de los sentenciados por diversos delitos para que se actualicen su base de datos. Omisión En ese sentido, indicó que ante la curiosa omisión de “restricciones” en la ficha de Reniec de personajes sentenciados como Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre y Fernando Zevallos, se debe pedir al organismo de identidad explicaciones de ello. Asimismo, refirió que el caso podría ser pasible de una investigación y posterior sanción, dado que aquí habría una omisión de funciones por parte de trabajadores administrativos de Reniec. Resaltó que este aparente “error” podría traer consecuencias graves, ya que un sentenciado por delitos mayores podría hacer uso de sus derechos políticos o tramitar documentos para sus fines personales, sorprendiendo incluso a entidades públicas. De la misma opinión fue el penalista Luis Lamas Puccio, quien indicó que la “aparente” omisión de “restricciones” en algunas fichas de Reniec se trataría de un error administrativo; no obstante, refirió que es necesario agotar una investigación respecto al tema, pues una persona sentenciada por terrorismo, como es el caso de Elena Iparraguirre y Abimael Guzmán, no puede tener un DNI “limpio” como cualquier ciudadano que no ha cometido falta alguna contra la sociedad. Ficha correcta En ese sentido, dijo que es necesario precisar que para los condenados con “sentencia firme” se debe informar en su ficha de Reniec de la restricción que posee para el uso de sus derechos civiles, de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política del Perú. Es aplicable esta norma sólo en tres casos; cuando una persona es declarada interdicta, cuando está inhabilitado judicialmente en sus derechos políticos o cuando está sentenciado con pena privativa de la libertad. Necesarias explicaciones El abogado constitucionalista Sandro Balvín Sáenz, en tanto, consideró prioritario que el Reniec cumpla con dar las explicaciones sobre estos casos, “para evitar suspicacias porque no es posible que tipos como Guzmán Reynoso o Zevallos Gonzales, teóricamente por lo menos, carezcan de restricciones legales como cualquier ciudadano común y corriente que nunca ha delinquido”. “Es extraño todo esto; no quiero adelantar juicio alguno sobre el particular; entonces, creo que el Reniec sí está obligado administrativamente a dar las razones técnicas para que ese grupo de reos no tengan acotaciones legales, a pesar de que sus condenas son ampliamente conocidas por diversos delitos cometidos en agravio del Estado”, enfatizó el hombre de leyes. Hoy se pronunciará Por su parte, el jefe de prensa e imagen de Reniec, Benito Portocarrero, indicó que hoy la institución que representa emitirá un informe respecto al caso, porque los funcionarios no estaban enterados del tema en cuestión. |